Informe Diputados: La Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), se reunió con el viceministro de Trabajo, Cesar Segovia, quien informó acerca de denuncias que fueron presentadas por dos funcionarias de dicha cartera del Estado, sobre supuestas irregularidades en la institución.

Según explicaciones brindadas por la titular del ente legislativo, una de las denunciantes, la señora Maide Pérez, manifestó que fue beneficiada con un Acuerdo y Sentencia judicial, en donde se resolvió la reposición de la funcionaria, luego de haber sido separada del cargo que ocupaba en el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, a decir de la parlamentaria, el documento fue remitido a la Dirección de Asesoría Jurídica a fin de analizar su cumplimiento.

Por otra parte, la Sra. Nilda María Ferreira, expresó que, en el mes de agosto pasado, tras haber sido removida del cargo, se dispuso su traslado a la Dirección Regional de Central, dependiente del Vice Ministerio del Trabajo.

Según relató la parlamentaria había solicitado la reconsideración, teniendo en cuenta que su hija menor asiste a una guardería, a escasa distancia de su lugar habitual de trabajo.

También denunció que no ha percibido su salario desde el mes de septiembre, sin motivo alguno aparente.

El viceministro de Trabajo se comprometió en interiorizarse, a cabalidad, de la situación de ambas funcionarias y buscar una salida a la situación en la que se encuentran.

Búsqueda de personas desaparecidas

Por otro parte, tuvo visto bueno, con modificaciones, el proyecto de ley “Que establece el marco legal para el procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas y crea su registro”.

El presente documento tiene por objeto establecer un marco normativo integral para la cooperación, intercambio de información y articulación entre las autoridades nacionales e internacionales, departamentales, municipales y órganos coadyuvantes en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.

En la exposición de motivos se explica que el fenómeno de las personas desaparecidas es una realidad preocupante que demanda la atención y el compromiso de nuestras instituciones y del Estado en su conjunto.

“El impacto de esta tragedia no solo afecta a los familiares y amigos de las personas desaparecidas, sino que también repercute en la confianza ciudadana hacia nuestras instituciones y en la cohesión social de nuestro país. Es nuestra responsabilidad como legisladores y representantes de la ciudadanía tomar acciones concretas para resolver esta crisis”, expresan los proyectistas.

El parecer técnico del Ministerio de Defensa, sugirió algunas modificaciones, entre las que destaca la definición de “persona desaparecida”, que es entendida como aquella con paradero desconocido, sin importar la cantidad de horas, siempre que medie una denuncia de un ciudadano cercano o algún familiar.

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