El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, se refirió, durante una conferencia de prensa, a la designación del equipo de trabajo que intervendrá y ejercerá la representación legal en las siguientes etapas procesales en la causa n. º 6898/2023 caratulada: «Carlos Adolfo Arregui Romero y otros s/ revelación de secretos de servicio y otros». En la misma resolución, además, se dejó sin efecto la coordinación que correspondía a la fiscal adjunta Patricia Rivarola por haber concluido la primera etapa de la investigación.

El titular del Ministerio Público señaló “los acontecimientos ocurridos en los últimos días nos encontraron un poco alejados de la institución por la necesidad de cumplir otras misiones en el exterior, que tiene que ver también con una profunda preocupación del Ministerio Público sobre la cooperación internacional. Tenemos la oferta de la Unión Europea que, a través de programas, indicó a los fiscales generales de Iberoamérica algunos puntos a seguir contra el ciberdelito y la corrupción. Dimos prueba como país del nivel de nuestra gestión mediante la captación de sustancias narcóticas que estaban prestos para embarcarse a Europa”. 

Explicó: “vine por los acontecimientos que también nos preocupan en nuestro país, que son de público conocimiento. Llegaron las noticias de algunas filtraciones, de algunos comentarios en chat de personas afectadas al proceso, abogados denunciantes, fiscales etc. Las cuales nos obligaron a enviar un comunicado que tuvo difusión en los medios de prensa y hoy más prontamente nos abocamos a darle la respuesta que requiere el caso, principalmente por la seriedad e importancia que tiene la credibilidad institucional. En ese orden, asumimos resoluciones que tienen que ver con la reasignación de casos que deben seguir en el ámbito del sistema de justicia a través de la aceptación del juez, en este caso, de la imputación”. 

“A lo largo de 7 meses se conformó un equipo de trabajo bajo la coordinación de una fiscal adjunta y tres fiscales que en su momento empezaron a actuar acumulando evidencias sobre aspectos esenciales que hacen al hecho posible: como la acreditación del acontecimiento penalmente relevante y la certificación de la responsabilidad penal que están delineados en un denso escrito de imputación. La evaluación de la información en pronóstico de sospecha ya ha sido realizada por el equipo de trabajo y se lo presentó al Poder Judicial”.

“Ese es un tema que tiene que seguir adelante. En verdad las defensas, en general, cuestionan el trámite posterior pero ninguno ha hecho mención a deficiencias investigativas que hacen al hecho o que hacen a la justificación de la responsabilidad penal de hecho tampoco este está en tela de juicio. Ese aspecto, de la etapa preparatoria, precisamente, está diseñada para evaluar la información, contrastarlas y convertirlos en evidencias en puridad. El trámite del cual hay que defenderse es la acusación que es un acontecimiento todavía futuro”. 

Prosiguió explicando que “hoy nominamos a tres fiscales que intervendrán y ante la probable defección detectada, según la denuncia, nos vemos en la obligación de asignar a Asuntos Internos de la Inspectoría General para investigar estos aspectos que hacen a las comunicaciones (chats). Es decir, abrimos dos vías dentro de las cuales vamos a desarrollar nuestras actividades del Ministerio Público. Nuestra intención es que quede en claro que la Fiscalía General y la institución misma, está interesada en la clarificación”. 

Manifestó: “luchamos un año para que logremos levantar el reconocimiento de la gente hacia nuestra institución y vamos a seguir en el mismo camino. No tenemos pactos, componendas ni acuerdos con ningún sector. Queremos que la ciudadanía quede tranquila. La Fiscalía está en condiciones de desempeñarse conforme lo digo siempre, nuestro norte es el Estado Social de Derecho. El que infringe una norma debe tener la posibilidad de ejercer su defensa”.

Fuente y Fotografía: Prensa Ministerio Público

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