Informe de la Cámara de Diputado: En la jornada de este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Raúl Latorre (ANR-Capital), recibió al ministro del Interior, Enrique Riera; el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini; y representantes del Ministerio Público, quienes impulsan un proyecto que pretende modificar la normativa de implementación de dispositivos electrónicos de control (tobilleras electrónicas).

La referida norma fue promulgada en setiembre del año 2017 pero su reglamentación recién entró en vigencia la semana pasada, seis años después de la promulgación de la ley.

Básicamente, las modificaciones impulsan la posibilidad de que las tobilleras electrónicas sean pagadas por los procesados.

Según esgrimió el titular de Diputados, se trata de una situación de urgencia, ya que, al no existir una correcta y efectiva implementación de las tobilleras electrónicas, “la prisión domiciliaria termina no siendo una prisión, pues no existe control del cumplimiento”.

“Recibimos la visita del ministro Enrique Riera, el ministro Ángel Barchini y representantes del Ministerio Público, que han acordado con representantes del Poder Judicial en el planteamiento de estas modificaciones que permitirán efectivizar y ampliar el espectro de acción en el uso de las tobilleras. Explicaron que la intención es gerenciar un sistema que permita coordinación con el sistema 911, con los Lince, para tempranas alertas del momento en que los criminales están saliendo del área y también en el caso de la violencia familiar”, declaró.

El diputado Latorre añadió que esta coordinación apunta a contar con operativos conjuntos: por un lado, temprana alerta para apresar a quien sale del área de su prisión domiciliaria; y por otro lado, la protección a la víctima.

“Esto nos acercará mucho más a una protección efectiva de las víctimas de violencia familiar”, afirmó.

Consultado, puntualmente, sobre el hecho de que los procesados sean quienes paguen por el servicio de tobilleras electrónicas, dijo coincidir con el pensamiento de los ministros, en el sentido de que quienes puedan pagar por ello, lo hagan; con la puntualización de que en el caso de aquellos que no pueden pagar, intervenga el Estado.

Esto, ante la lógica de que no deben tener ventajas los que cuentan con recursos económicos.

“Entendemos que es una urgencia, por lo que estamos viviendo en el país en estos momentos, pero el proyecto debe ser estudiado minuciosamente. La intención es convertir la iniciativa en una herramienta efectiva para combatir el crimen”, concluyó el presidente de la Cámara Baja.

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